Meta gana demanda antimonopolio en EE. UU. por adquisiciones de Instagram y WhatsApp

Meta gana una demanda antimonopolio presentada por fiscales generales de 48 estados de EE. UU.

Meta ha ganado una demanda antimonopolio presentada por fiscales generales de 48 estados de EE. UU. que alegaban que la compañía había mantenido ilegalmente el poder de monopolio en el mercado de redes sociales a través de sus adquisiciones de la aplicación de intercambio de fotos Instagram en 2012 y WhatsApp en 2014, y que había ganado más poder a través de políticas de datos que perjudicaban a los desarrolladores de aplicaciones.

El juez del Tribunal de Distrito de EE. UU., James Boasberg, había dictaminado que los estados habían esperado demasiado para desafiar las adquisiciones de Meta y que las políticas que habían citado no eran ilegales según la ley antimonopolio. Los estados, sin embargo, creían que su retraso sin precedentes para presentar la demanda "no se aplica a los estados soberanos que demandan para proteger el interés público, como los estados aquí presentes".

El Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Distrito de Columbia ha confirmado la decisión del tribunal de distrito, calificando la demanda de los estados de "no solo extraña, sino antigua". La opinión del tribunal explica además que la demanda "se refiere a una industria que, incluso según las alegaciones de los estados, ha experimentado un rápido crecimiento e innovación sin fin a la vista".

El tribunal también estuvo de acuerdo con la decisión del juez Boasberg de que los estados "retrasaron indebidamente" la presentación de su demanda. Facebook (ahora Meta) adquirió Instagram y WhatsApp en 2012 y 2014, respectivamente, pero la demanda no se presentó hasta diciembre de 2020.

El tribunal de distrito había dictaminado que los largos retrasos eran "irrazonables e injustificados como cuestión de derecho", citando un plazo de prescripción de cuatro años de otros casos antimonopolio en otros circuitos como guía. El tribunal también señaló que las adquisiciones fueron ampliamente publicitadas y pasaron por investigaciones de la FTC que duraron mucho tiempo y se informaron públicamente para determinar si violaban las leyes antimonopolio en ese momento.

El tribunal de apelaciones también estuvo de acuerdo con la opinión del juez Boasberg sobre la plataforma de Facebook y sus prácticas y políticas. Los estados habían citado fragmentos de las políticas de Facebook de 2011 y 2013, que el tribunal dijo que eran "precisos, pero los mensajes que intentan transmitir no lo son", lo que significa que no presentaron un caso de violación de la ley antimonopolio.

En cuanto a otros asuntos, la tardanza de la demanda afectó la capacidad de los estados para presentar su caso, ya que querían una orden judicial para una política que terminó en 2018, dando acceso a la plataforma de Facebook a empresas que desde entonces han cerrado o cambiado su negocio.

"La orden judicial sería injustificada incluso si los estados pudieran demostrar sus alegaciones", señaló el tribunal.